Archivo etiqueta Formación continua

Fuente: http://www.diariovasco.com

Es cierto que la formación continua exige un coste por parte de las empresas, pero se ve claramente compensado con el incremento en la productividad laboral. Cuando los trabajadores cuentan con un capital humano valioso para la empresa, ante una coyuntura negativa, la empresa trata de adaptarse a las circunstancias pero tratando de retener a sus trabajadores. Pero la formación continua es una práctica muy poco habitual en nuestro país -menos del 25% de los trabajadores reciben formación en sus empresas, y en consecuencia la mayoría de las empresas no tienen el suficiente incentivo para retener a sus trabajadores en situaciones adversas y en consecuencia, optan por la vía del despido. ¿Qué dice esta reforma sobre los mecanismos para mejorar la Formación Continua de los Trabajadores? Nada. Solo se encuentra una mención de tres líneas en las Disposiciones Finales Segunda y Tercera. Sin el desarrollo de estos mecanismos la productividad laboral seguirá siendo baja, sensiblemente más baja que en los países de nuestro entorno, y en ese contexto, será difícil que las empresas, al atravesar situaciones adversas como la actual, tengan los incentivos adecuados para no proceder al despido. Confiemos que en el desarrollo de este decreto ley se le de a la formación continua en el empleo la atención que requiere.

Fuente: http://www.abc.es

La Asociación de Centros Públicos de FP de Euskadi, Ikaslan, inicia un ambicioso plan para difundir entre miles de empresas y trabajadores vascos el nuevo sistema de formación para el empleo puesto en marcha tras el traspaso a esta comunidad autónoma de las políticas activas de empleo.

La formación continua a lo largo de la vida es uno de los ejes de este programa, que incluye entre sus novedades la expedición de certificados homologados de Formación Profesional para personas que carecen de titulación pero que pueden acreditar sus conocimientos obtenidos a través de la experiencia laboral.

Ikaslan también prevé difundir entre más de 3.000 empresas vascas las distintas vías de subvención que tienen a su alcance para la formación de sus trabajadores que, según constata esta asociación, son escasamente utilizadas por las compañías, especialmente por las de pequeño tamaño, únicamente por desconocimiento.

Existen ayudas a nivel del Estado y también de la Comunidad Autónoma Vasca, ha recalcado Esnaola, quien ha puesto de relieve la importancia que tendrá la expedición de certificados oficiales para poder “titular a personas que acrediten un oficio” en Euskadi, donde prácticamente el 43% de los menores de 25 años inscritos el año pasado en Lanbide “no tenía casi ni titulación”.

El presidente y el gestor de Ikaslan Gipuzkoa, Iñaki Larrañaga y Leontxo Valverde, respectivamente, han destacado la importancia de promocionar la formación a lo largo de toda la vida laboral para poder salir de la actual crisis económica en la que esta agrupación, que mantiene contacto con más de 9.000 firmas vascas, se afana en responder a las necesidades del tejido empresarial.

Fuente: http://www.abc.es

La reforma laboral aprobada por el Gobierno introduce cambios importantes en la formación profesional para el empleo. Uno de ellos hace referencia al diseño y planificación de esa formación, que hasta ahora correspondía en exclusiva a «las organizaciones empresariales y sindicales más representativas», según la ley 56/2003.

Sin embargo, el decreto ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que entró en vigor el pasado domingo añade, en el artículo 2 del capítulo I, «… y de los centros y entidades de formación debidamente acreditados». La introducción del citado real decreto es aún más concisa: «Se reconoce a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente».

Esto quiere decir que tanto las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) como las sindicales (fundamentalmente CC.OO. y UGT) van a perder esa exclusividad en la formación de los trabajadores, que supone unos 700 millones de euros. De esa cantidad, casi 300 millones se destina a la formación de personas ocupadas y el resto a desempleados.

Esos 700 millones de euros se reparten en teoría entre más de 3.000 organizaciones empresariales y sindicales de todos los ámbitos: nacional, autonómico, provincial y local. Solo la patronal tiene unas 2.900 organizaciones.

El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) destinó el año pasado a planes de formación de personas ocupadas 293,4 millones de euros. Ese dinero está incluido en el presupuesto de la Fundación Tripartita, que en 2011 superó los 3.000 millones de euros, y que es el organismo que se encarga principalmente de gestionar la formación de los trajadores en nuestro país, tanto los que están en paro como los que están en activo.

La Fundación está participada por la Administración, los empresarios y los sindicatos y su financiación procede de la recaudación de las cuotas de formación profesional —0,70% de la base de cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social: el 0,60% lo aporta la empresa y el 0,10% el trabajador— y que el año pasado sumó casi 2.000 millones de euros, del Fondo Social Europeo (100 millones) y del Servicio Público de Empleo Estatal (934 millones).

Los 3.000 millones de euros presupuestados por la Fundación Tripartita para la formación en 2011 se verán notablemente recortados este año por las medidas de ajuste del Gobierno. Además, la crisis está provocando un descenso importante de la recaudación de las cuotas a la Seguridad Social, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Asimismo, este año terminan las ayudas del Fondo Social Europeo, cuya prórroga debe ser negociada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Reestructurar y potenciar la Formación profesional para el empleo es uno de los objetivos de la reforma laboral. En este sentido, y como novedad, cada trabajador tendrá una cuenta de formación asociada a su número de afiliación a la Seguridad Social, que llevará consigo durante toda su vida laboral.