Fuente: http://www.diariodelaltoaragon.es

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón que elabore lo antes posible un protocolo que establezca cuáles son las pruebas que permiten valorar el cumplimiento por los interesados del requisito de “tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación”.

Este requisito está previsto en los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad de las diferentes familias profesionales, que permiten acceder a la formación para los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3.

Asimismo, el Justicia ha indicado al Ejecutivo aragonés que en caso de detectar “defectos” en las solicitudes presentadas por los interesados, se les requiera para la subsanación de los mismos, en lugar de situarlos en la lista de acceso en los últimos lugares.

El Justicia se ha pronunciado así tras recibir una queja el pasado 10 de febrero de un ciudadano que había solicitado cursar un módulo formativo para obtener un certificado de profesionalidad, para lo cual realizó una prueba de selección en el CFIFP Pirámide el pasado 31 de enero.

El interesado fue informado telefónicamente de que no había sido seleccionado por carecer de formación académica suficiente, sin mención a su formación profesional, pero, al consultar la lista de admitidos, comprobó que en realidad no constaba como excluido, sino en último lugar en la lista de espera y esto a pesar de gozar de calificación de preferente en la oficina del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) de Arrabal (Zaragoza).

En el expediente de esta queja, el Justicia señala, en las consideraciones jurídicas, que según la normativa actual corresponde a la Administración laboral competente la comprobación de que los alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento la formación para los certificados de profesionalidad.

Sin embargo, la Administración autónoma ha reconocido, en respuesta al Justicia, que está pendiente la elaboración entre Educación y el Inaem de un protocolo que establezca pruebas válidas que sirvan para determinar si el alumno puede realizar el aprendizaje.

Además, desde el Instituto Aragonés de Empleo insisten en que los criterios de selección fueron “rigurosos”. Se elaboró un cuestionario que incluía datos personales de formación y profesionales así como las motivaciones para la realización del curso. Con ello, se confeccionó un listado de Resultados de Selección con alumnos admitidos (15) y reservas (11). En el caso de citar a un alumno para incorporaciones posteriores, éste debe acreditar, antes de ser dado de alta en el curso, la titulación o acreditaciones equivalentes, “hecho que no pudo acreditar en el proceso selectivo al contar con titulación de graduado escolar”.

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