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Estos días han dado comienzo las clases en la enseñanza obligatoria y no está faltando la polémica sobre todo por los efectos de los recortes presupuestarios de las administraciones. Polémica y crítica a la que se suma la organización que represento por lo que toca en el medio rural donde, lejos de dar más servicios para hacerlo más atractivo, se cierran colegios y se desplazan alumnos a las capitales, con lo que ello representa para los estudiantes y para sus familias. Pero es más, uno tiene la sensación de que la formación en las cabeceras de comarca tampoco se está potenciando y que quien puede por lo general termina llevando a sus hijos a la capital, donde hay más opciones y una «carta de servicios» más amplia y apetitosa. Pero hay otra enseñanza, otra formación, la no reglada, en la que se han invertido muchos millones de euros de presupuesto público en los últimos años. Esta formación, en parte subvencionada con fondos europeos, se ha gestionado mayoritariamente por asociaciones socioeconómicas y muy particularmente por los dos sindicatos de clase y por la patronal de los empresarios. No ha estado esto exento de escándalos económicos y hay muchas voces que entienden que este dinero se ha malgastado y que ha sido una forma encubierta de subvencionar a las organizaciones sociales y económicas de nuestro país. Pero en medio de esta mala prensa, de este sentir popular donde hay realidades incontestables, hay organizaciones que han hecho un esfuerzo de verdad por hacer que la formación llegue a quien la necesita y que no han destinado los fondos a fines distintos de los que marca la normativa que los regula. Y si las cosas no han sido así, o no están siendo así, es responsabilidad de las administraciones, de la Junta y del Estado, poner en funcionamiento los mecanismos de control que sean necesarios.

El sector agrario ha recibido fondos de la Junta de Castilla y León y del Fondo Social Europeo, y en menor medida de otras administraciones, para esta formación no reglada, y ello ha sido así desde al menos nuestra integración en la entonces Comunidad Económica Europea allá por el año 1986. Se han impartido cursos que son obligatorios para el ejercicio de la profesión, se ha impartido formación necesaria para una actividad que cada vez está más tecnificada y profesionalizada, y se han impartido materias de carácter horizontal como es la informática y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Pues bien, con el argumento de la crisis y de la escasez de recursos públicos, la Junta de Castilla y León ha suprimido toda la financiación destinada a la formación del sector agropecuario, y lo ha hecho tanto desde la consejería de Agricultura como desde la de Economía y Empleo. Cero euros para financiar en el año 2012 —en lo sucesivo será parecido— los programas de formación dirigidos a agricultores y ganaderos, lo que ha obligado, en el caso de la organización que represento, a cobrar la matrícula a los 60 jóvenes que actualmente están participando en dos cursos de «incorporación a la empresa agraria» de 150 horas de duración . En poco más de un año hemos pasado de una financiación que contemplaba una beca por desplazamiento a los alumnos, a que el alumno se pague una buena parte del coste completo del curso. Y uno puede entender que los momentos son complicados, puede entender que toca recortes para todos, pero uno no entiende que se actúe de forma sectaria llevando a cero la partida de la formación agraria y se haga en el mismo boletín — el Bocyl del 11 de septiembre— en el que se aprueba un gasto en este concepto de formación, de casi seis millones de euros, que se repartirán prácticamente íntegros dos sindicatos de clase y una patronal de empresarios. Da la impresión de que los consejeros Tomás Villanueva y Silvia Clemente añoran un sector agrario de otros tiempos en los que la seña de identidad era la boina y la cachaba, y que no quieren una imagen moderna de la agricultura donde el agricultor piense y gestione como un empresario que es, donde el agricultor conozca las mejores técnicas de cultivo y manejo del ganado, y donde el agricultor tenga conocimientos y posibilidades reales de acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación.

Quienes reivindicamos un sector agrario con derechos y sin complejos, sabemos que esto nunca será posible si nuestros estándares de formación no son equiparables a los del resto de la sociedad en la que vivimos. Por eso apuntamos con el dedo a una administración, en este caso la de la Junta, la más cercana, que cierra colegios en los pueblos, que no dota de medios suficientes los que todavía permanecen abiertos, y que obliga a los hijos de los agricultores a marcharse con la maleta a las ciudades, o lo que es peor, obliga a toda la familia agraria a ir a vivir a la ciudad. Y apuntamos con el dedo a dos consejeros del Gobierno de Herrera, a la de Agricultura y al de Economía y Empleo, y los acusamos de tratar al campo con absoluto desdén en materia de formación, los acusamos de imponer un «copago» en materia de formación que no se exige a otros sectores y los acusamos de tener una idea del campo contraria a la realidad. Y es que aquí ya no se quedan «los que no valen para otra cosa», se quedan los mejores, y a poder ser, los más formados.

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